¿Cuáles son las fuentes del Derecho fiscal mexicano?

Con el término de fuentes del Derecho nos referimos al conjunto de reglas, escritas o no, procedimientos o acontecimientos de los que emanan normas jurídicas. Entender la importancia que tiene el papel de las fuentes del Derecho y cómo se relacionan estas con la naturaleza de las distintas ramas del Derecho es fundamental para entender adecuadamente el conjunto del ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, el principio de legalidad que rige en materia fiscal hace que la costumbre quede aquí en un plano prácticamente residual. A continuación haremos un pequeño resumen de las fuentes del Derecho fiscal mexicano.

 

1. La Constitución. 

La Carta Magna contiene la justificación del Derecho Fiscal al imponer a todos los mexicanos la obligación de contribuir al gasto público. Asimismo se encarga de establecer los principios que sirven de marco jurídico a la legislación fiscal. No puede existir una ley o disposición normativa inferior que contravenga lo dispuesto en el texto constitucional.

 

2. Los Tratados Internacionales. 

Los Tratados internacionales son acuerdos normativos entre dos o más Estados. Surgen a partir de la libre voluntad de cada uno de los firmantes y por ello no supone ningún perjuicio a la soberanía nacional. Los Tratados internacionales han tenido una especial relevancia en materia fiscal para resolver problemas como el de la doble tributación, habituales ya en una sociedad globalizada.

La Constitución en su artículo 133, establece que los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma y que hayan sido aprobados por el Senado de la República tienen carácter de Ley Suprema. ¿Quiere decir esto que los Tratados están por encima de la propia Constitución? La SCJN ha aclarado en repetidas ocasiones que la Carta Magna se sitúa en la cúspide del ordenamiento jurídico mexicano. Ahora bien, los Tratados encuentran su lugar en un segundo plano y por encima el Derecho federal. Ello precisamente en base al principio de buena fe que rige en el Derecho Internacional. De lo contrario se darían situaciones surrealistas en la que los Estados libremente sean partícipes de Tratados internacionales que quedarían en papel mojado si no existiera una adecuada transposición a la legislación nacional.

 

3. La Ley. 

Es el acto emanado del poder legislativo que crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales. La generalidad, cuya consecuencia es la impersonalidad, garantiza la igualdad en su ejecución mientras que el carácter abstracto asegura la certeza en cuanto a la acción. Las leyes se pueden clasificar en orgánicas, reglamentarias y ordinarias, siendo estas últimas las más frecuentes en el Derecho Fiscal. 

 

4. El Decreto Ley. 

Son disposiciones de naturaleza similar a la de las leyes emitidas por el poder ejecutivo siempre y cuando la Constitución lo faculte para ello. En estos casos no se requiere autorización previa del Congreso de la Unión aunque deben ser refrendadas posteriormente. Se suelen reservar para situaciones graves en las que se requieran decisiones rápidas que serían imposibles de alcanzar si se respetasen los plazos comunes en la tramitación de una ley. 

 

5. El Decreto Delegado. 

La Constitución recoge la posibilidad de que el poder legislativo delegue en el poder ejecutivo la función de crear disposiciones generales que regulen determinadas materias. Un ejemplo de lo mencionado se observa en el artículo 131 de la Carta Magna, que permite al Congreso de la Unión facultar al Ejecutivo para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso.

 

6. El Reglamento. 

Es el conjunto de normas generales, abstractas e impersonales dictadas por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades que le concede la propia Constitución. Es la principal herramienta que tiene el Ejecutivo para ejecutar las leyes sin que puedan modificar el sentido ni la voluntad de las mismas.

Muchos autores han debatido acerca de si el acto del que emana el reglamento es de naturaleza legislativa o administrativa. La respuesta depende del enfoque desde el que se plantee esta pregunta pues atendiendo a un criterio formal, es decir, al procedimiento y órgano del que emana, podríamos decir que se trata indiscutiblemente de un acto administrativo. Sin embargo, obedeciendo a un criterio material, esto es, observando el contenido de un Reglamento se podrá determinar que su contenido es muy similar al de cualquier texto legislativo.

 

7. La Circular. 

Las circulares tienen lugar en el ámbito administrativo. Son instrucciones que dan los superiores jerárquicos a los inferiores sobre cuestiones como el régimen interior de la Administración, la atención al público o las dudas que surjan en torno al cumplimiento de textos normativos superiores. Nunca pueden crear nuevos derechos o modificar los existentes.

 

8. La Jurisprudencia. 

El concepto de Jurisprudencia se puede explicar en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio hace referencia al conjunto de resoluciones que emanan de los órganos jurisdiccionales. En sentido estricto se refiere a cualquiera de los tres procedimientos regulados en la Ley de Amparo por los que se crea Jurisprudencia, estos son: reiteración de criterios (cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario), contradicción de tesis (criterios discrepantes sostenidos entre órganos jurisdiccionales) y por sustitución. En estos casos la Jurisprudencia adquiere obligatoriedad de cara a los órganos jurisdiccionales inferiores de los que derive pero no respecto al resto de los poderes del Estado.

 

9. Los Principios Generales del Derecho. 

Siempre digo en clase que los Principios Generales del Derecho son el comodín que hace perfecta una ciencia imperfecta. Hacen referencia a los fundamentos éticos que inspiran el ordenamiento jurídico (principio de buena fe, por ejemplo).

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